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Experiencia Panorama
12:00 PM / 09/10/2017
REPORTAJE: Cárcel zuliana, una promesa sin cumplir
Marian Chávez
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Trabajo especial  Marian Chavez - ( 27-09-17 ) - Digital: Maria Gracia Salas
Maria Gracia Salas

  

 

La intervención de la cárcel Sabaneta  dejó sin recinto penitenciario al Zulia hace cuatro años. La lucha entre reos por el poder en el penal  culminó con 16 presos muertos, su clausura el 19 de septiembre de 2013 y una promesa incumplida de un centro de reclusión para el estado. 

Dos años y siete meses después, otros episodios de violencia obligaron a intervenir el único retén de Maracaibo:

El Marite, el 1 de abril de 2016. Unos 2.184 reos fueron trasladados a nueve penales del país.  “En un mes estaremos trayendo de vuelta a quienes deban estar aquí para que enfrenten su proceso judicial”, aseveró Iris Varela, quien para ese entonces era la ministra de Asuntos Penitenciarios.  Hasta ahora sigue cerrado, con la esperanza de ser reinaugurado el 15 de noviembre de este año.

La falta de una penitenciaria zuliana y el abandono de la construcción del Centro de Procesados y Penados Judiciales (Cppj) -en el kilómetro 11 de la vía hacia La Cañada de Urdaneta-, abarrota los 15 calabozos de los centro de coordinación policial del Cpbez, el único de Polisur, los dos del Cicpc, el retén de San Carlos  y el de Cabimas, según datos aportados por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad en su informe “Situación de los centros de detención preventiva en Venezuela Enero-Junio 2017”.

En total, unos 3.000 reos estarían distribuidos en estos espacios, de acuerdo con el informe de la ONG, lugares que no cuentan con la infraestructura adecuada, como: dormitorios, lavandería,  enfermería, comedor, área de visita y recreación y de ejercicio. 

Según Una Ventana a la Libertad, tampoco permiten una clasificación de presos según su sexo, edad, naturaleza, tipo del delito, y antecedentes penales, como lo establece el artículo 9 de la Ley de Régimen Penitenciarios. 

Las comisarías están concebidas para albergar a una cantidad mínima de presos, pues solo deben permanecer máximo 48 horas en estas, tiempo en el que tiene que ser presentados ante Tribunales para que estos determinen su sitio de reclusión final. 

Sin embargo, en estos espacios pequeños hasta penados cumplen sus condenas, contrario a lo estipula  el artículo 3 de la normativa mencionada: “Las penas privativas de la libertad se cumplirán en las penitenciarias, cárceles nacionales y otros centros penitenciarios o de internación que bajo cualquier denominación existan, se habilitaren o crearen para ese fin”.

Ante la gravedad del hacinamiento, una fuente de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas protestó al respecto: “Lo que estamos viviendo como organismo es bastante complicado. No tenemos capacidad para tantos presos. Enviamos solicitudes de traslados a otras prisiones, pero siempre recibimos la misma respuesta: ‘No hay cupo”.

 


El informante reveló a PANORAMA que en la policía científica, en el presente, “hay nueve penados que comparten celdas. Entre ellos, uno que requiere reclusión en un psiquiátrico”. Reineiro José López Montiel (22), padece una condición especial, y fue condenado a 10 años de prisión por asesinar a su hermano de una puñalada en el ojo, en 2016. 

También está Osmel Darío López, quien participó en el crimen de la abogada Olga Pineda Sánchez. En ese calabozo cumple su pena de 10 años. Como él, se encuentra Kelvin Jesús Linares, sentenciado a seis años de cárcel por homicidio.  

El Zulia  es el séptimo estado  con mayor índice delictivo y el tercero con más homicidios cometidos, y pese  a esto no cuenta con una cárcel.

Atrás quedó la promesa de que con la clausura de la cárcel de Sabaneta, el nuevo Centro de Arrestos de Occidente estaría enclavado en dos kilómetros de la isla Providencia, pues las posibilidades de fuga eran mínimas. Así lo informó para el 2013, el entonces secretario de Seguridad del Zulia, Jairo Ramírez. 


El alto costo de la propuesta y unos estudios realizados a esta zona hicieron inviable la construcción del penal. La atención se centró en la culminación del Cppj, que Varela anunció que sería entregado en diciembre de 2013.

Transcurrieron los meses, en los calabozos policiales se incrementó el hacinamiento, y anunció que la inauguración sería para finales de 2014. 

Actualmente, en un recorrido realizado por PANORAMA, se constató que están en completo abandono las  8,5 hectáreas de construcción que albergarían cinco edificios de reclusión: cuatro masculinos y uno femenino del Centro para Procesados y Penados. Allí estarían 600 reos, y el lugar tendría una capacidad total para 1.800 presos. 

La obra fue paralizada en 2015 cuando tenía un 70% de avance. Vándalos la desvalijaron. Rompieron los muros de concreto de las celdas para extraer las cabillas y los marcos de acero de las puertas.  Nunca se levantaron las tres cercas de seguridad y el resto de las edificaciones necesarias para su funcionamiento. El acceso hacia la entrada principal fue cubierto por la maleza y cujíes que crecieron en estos dos años de abandono. 


Ante esto, Mirelys Contreras, actual ministra de Asuntos Penitenciarios, afirmó el pasado 1 de septiembre en una visita fugaz al Zulia,   que tiene previsto realizar una inspección para verificar el estado del Cppj . 

“Por ahora, estamos enfocados en la apertura para noviembre de ‘El Marite’, que será la nueva cárcel del Zulia. Su acondicionamiento está en 95% y será reabierto en noviembre”.

También manifestó: “Los que fueron evacuados del retén El Marite en 2016 no volverán. La prioridad es resolver el problema carcelario del Zulia. Está agendado    aplicará el Plan Cayapa entre el 9 y 13 de octubre en retenes y calabozos zulianos”.

Los reos que permanecen en los calabozos zulianos serán trasladados al nuevo retén con régimen penitenciario, que tendrá una capacidad  para 1.500 presos, de los 3.000 que hay en el estado.

Contreras fue contactada, recientemente, en varias oportunidades por este medio para conocer más detalles sobre el Cppj, pero no atendió las llamadas telefónicas de PANORAMA.

No solo la falta de cárceles incide en el hacinamiento en las celdas de centros de arrestos preventivos. El retardo procesal es crucial en este rosario de problemas. El 8 de enero 2013, se instaló  la Comisión de la Justicia Penal, que tenía como función recuperar el control del Estado en las cárceles y retenes, así como visitas continuas y asiduas de jueces y fiscales a estos recintos para dar celeridad procesal a los casos. 

El comisario Biagio Parisi, secretario de Seguridad del Zulia, integrante de la comisión aseveró: “Aún mantiene en contacto semanalmente, en el que se ha logrado cierto avances importantes, como las mejoras de ‘El Marite”. 

Al ser consultado por el abandono del centro de Procesado de San Francisco, manifestó: “Estamos trabajando en eso, sabemos que fue desvalijado, se han hecho algunas inspecciones, e incluso detenciones de quienes se robaron parte del material. Pero el tema central es que se requiere una inversión grande y el país está atravesando por una crisis económica”. 

Sobre la revisión de los casos de los detenidos, indicó que la comisión analiza el proceso para determinar dónde están las fallas y se produce el retardo. 

Por ahora, se confía en que por esta vez sí se cumpla con el plazo de entrega de “El Marite”, que permita “aliviar” el conflicto penitenciario.

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1Comentarios

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Dario Gonzalez 08/10/2017 09:07 AM

SANO CONSEJO DE UN JURISTA: "No se metan en verg** para que no terminen en un infierno como es la de estar preso"


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