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Opinión
06:17 AM / 06/07/2018
“De la venganza política” Se alude al llamado “Golpe Parlamentario”
Hildegard Rondón de Sansó
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El texto se refiere a la actuación contra el o los titulares de los gobiernos, fundada en la imputación de “corrupción”.

En los últimos años del presente siglo, ha aparecido una forma peculiar de golpe de estado, entendiendo a este último, como la vía para expulsar de sus cargos, al titular o a los titulares del sistema gobernante; o, a invalidar las normas que rigen su actuación en forma sustancial. Esta figura peculiar, sustitutiva del golpe militar, que era el medio tradicional para operar dicho proceso, se realiza generalmente mediante la acción parlamentaria, unida o nó con la judicial. Es lo que se denomina el “golpe legislativo”, que está incluido en el llamado “lawfair”, que es, digamos así, la vía jurídica que se emplea para encubrir actos de fuerza. ¿Por qué esta nueva actuación? La justificación formal está en la supuesta tutela de los derechos humanos; pero la razón efectiva encubre a la “venganza política” que se aplica, recubriéndola con una fórmula que intenta conciliar la medida efectivamente aplicada, con las reglas éticas. El fin perseguido es el castigo que se impone a través de un juicio contra el funcionario o los funcionarios enemigos, durante su permanencia en el poder, imputándoles hechos oprobiosos, fundamentalmente, los relativos a la llamada “corrupción”, constituida por la percepción de fondos que no le correspondían legalmente. La acusación de corrupción es una palabra decisiva para manchar, no solo el nombre y la personalidad del imputado, sino la de sus allegados más cercanos, entre las cuales es necesario incluir a su familia (cónyuge e hijos).

En fecha reciente, la modalidad más utilizada ha sido el golpe parlamentario que, surgiera, en el caso de Dilma Rousseff, siendo esencialmente un medio político para sustituir a los gobernantes, o bien,  a las reglas que los regulan, o a ambos elementos. Es así como la figura indicada está destinada a eliminar los modelos tradicionales de ajuste de cuentas con el gobierno de turno.

En Brasil, el citado caso de Dilma fue una renovación mejorada del que había afectado a su antecesor, Lula Da Silva. La lectura actual de los acontecimientos nos hace toparnos con el inicio de la tramitación en algún país, de un linchamiento político efectuado a través de una decisión jurisdiccional o parlamentaria. Estamos así viendo la imputación de corrupción financiera, contra el ex-presidente de Guatemala, que se atribuye igualmente a su cónyuge y a sus hijos.

Vale la pena comentar el caso actual del Ecuador que, aun cuando no esté planteado en el sentido que hemos empleado, como un golpe de estado contra el entonces Presidente Correa, sino que el actual titular, Lenín Moreno, elevó sus denuncias contra supuestos actos cometidos por el Presidente saliente anterior, Es la acusación en contra de quien fuera su amigo, colaborador y jefe político. La controversia entre ambos ha sido muy dramática porque implica la supuesta traición de un colaborador, que utiliza la imputación de hechos y el señalamiento de circunstancias que, en definitiva, incluso, han resultado falsas, o por lo menos, cuestionables.

Es necesario concluir que se ha consolidado una forma cruel de golpe de Estado político, basado en una “justicia anticorrupción” que puede ser aplicada por un juez, por el parlamento o por el propio gobierno, lo cual demuestra que el poder de actuación no solo está en los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que luchan por su supremacía, sino que puede implicar también la presencia del Poder Judicial. Es así como un poder público, que debería ser el más imparcial de todos, entra en el juego trágico de la venganza política.
 

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